El ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria ha dado a conocer un conjunto de medidas económicas con el propósito de atenuar el impacto negativo de la devaluación en los ingresos de diferentes sectores de la sociedad. Estas medidas están dirigidas a los trabajadores registrados, empleadas domésticas, monotributistas y jubilados, quienes han enfrentado dificultades debido al aumento del costo de vida. Una de las medidas clave es la implementación de un aumento salarial para los trabajadores registrados. Esto involucra un incremento en el salario mínimo, vital y móvil, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y asegurar que sus ingresos sean suficientes para hacer frente a las necesidades básicas. Además, se establecerán políticas para mejorar las condiciones laborales de las empleadas domésticas. Esto implica la promoción de la formalización de su empleo, la ampliación de sus derechos y la protección de su salud laboral. En el caso de los monotributistas, se buscará implementar medidas que les permitan afrontar mejor la variación del dólar y la inflación. Para ello, se evaluarán distintas opciones como la actualización de los montos de facturación y la flexibilización de las categorías. En cuanto a los jubilados, se anunciarán políticas que buscan garantizar un aumento en sus ingresos, de manera que puedan mantener su nivel de vida en un contexto de inestabilidad económica. Estas medidas se orientarán a mejorar el poder adquisitivo de los jubilados y asegurar que sus derechos sean respetados. Las repercusiones de estas medidas han generado diferentes opiniones. Mientras algunos sectores las ven como una respuesta positiva y necesaria para proteger los ingresos de los trabajadores, otros cuestionan su efectividad a largo plazo y plantean la necesidad de políticas estructurales que aborden los problemas de fondo de la economía. En resumen, el Ministro de Economía y candidato presidencial ha anunciado un conjunto de medidas para mitigar el impacto de la devaluación en los ingresos de los trabajadores. Estas acciones buscan proteger el poder adquisitivo, mejorar las condiciones laborales y garantizar una vida digna para los diferentes sectores afectados. Sin embargo, su implementación y efectividad a largo plazo aún son temas de debate.