Tras las graves acusaciones vertidas por Viviana Canosa, que involucran a Florencia Peña en una supuesta red de trata de personas y abuso de menores, la actriz decidió tomar cartas en el asunto. A través de sus abogados, Fernando Burlando y Silvia Petroff, presentó un escrito ante el juez federal Ariel Lijo, poniendo a su disposición su computadora personal y todos sus dispositivos electrónicos para que sean investigados. En el documento, Peña, quien cuenta con una larga y reconocida trayectoria en el mundo del espectáculo, se defendió de las acusaciones, calificándolas de "gravísimas" y lamentando el "daño moral" causado por la exposición mediática generada por la denuncia de Canosa. La actriz resaltó su "carrera intachable", destacando sus años de trabajo continuo y la sólida base familiar que la acompaña en este momento. Enfatizó su total disposición a colaborar con la investigación judicial y a someterse a cualquier requerimiento necesario. La denuncia de Canosa, presentada en dos oportunidades ante el juez Lijo, involucra a varias figuras del espectáculo, entre ellas Lizy Tagliani, Elizabeth Vernaci, Gonzalo Costa, Jey Mammón y Damián Betular. Canosa asegura tener información sobre una red de reclutamiento de menores para fines de explotación sexual, vinculando a algunos de los denunciados con la organización de fiestas y eventos donde se habrían producido los hechos. Todas las personas nombradas han rechazado categóricamente las acusaciones. La presentación de Peña ante la Justicia representa un giro en la controversia generada por la denuncia de Canosa. Mientras la periodista sostiene su versión de los hechos y afirma contar con información que sustenta sus alegatos, la actriz busca desvincularse completamente de las acusaciones, ofreciendo su total colaboración con las autoridades para esclarecer la situación. La investigación judicial deberá determinar la veracidad de las acusaciones y las responsabilidades correspondientes. El caso ha generado un intenso debate público, poniendo en relieve la importancia de la responsabilidad en las denuncias públicas y el impacto de las acusaciones sin fundamento en la vida personal y profesional de los involucrados. La investigación judicial se encuentra en curso, y se espera que en las próximas semanas se produzcan avances significativos en la recolección de pruebas y el esclarecimiento de los hechos.