La detención de la reportera Nakary Ramos y su esposo, Gianni González, asistente de cámara, ha desatado una fuerte condena por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos y la libertad de prensa en Venezuela. El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS) calificó el arresto como "una grave violación de la libertad de expresión y del derecho al ejercicio del periodismo", mientras que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció inicialmente su desaparición y luego confirmó su detención en el Palacio de Justicia de Caracas. Según la información disponible, Ramos y González fueron acusados de "instigación al odio" y "difusión de noticias falsas", cargos que, según IPYS, están directamente relacionados con un reportaje publicado por el medio digital Impacto Venezuela sobre el presunto aumento de robos en Caracas. Este reportaje, firmado por la periodista Ramos, fue criticado por el medio oficialista Venezuela News, y el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, anunció una "investigación profunda" sobre la difusión de estos reportes en redes sociales. Esta secuencia de eventos sugiere una clara conexión entre la publicación periodística y la posterior detención de los periodistas. La ONG IPYS enfatiza que la detención se produjo días después de la publicación del reportaje, y señala la preocupante tendencia de criminalizar el trabajo periodístico en Venezuela. La organización denuncia que actualmente hay al menos 15 periodistas detenidos en el país, lo que refleja un clima de represión y censura que limita severamente la libertad de prensa. IPYS exige a las autoridades venezolanas que garanticen el debido proceso legal para Ramos y González, y que pongan fin a la criminalización de la labor periodística. La organización también destaca que Ramos será recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) en Miranda, mientras que su esposo será trasladado al centro penitenciario conocido como El Rodeo II, en el mismo estado. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha sumado a las voces de condena, instando al Estado venezolano a garantizar el respeto a los derechos fundamentales de la periodista y a abstenerse de tomar represalias por el ejercicio de su labor. Otras organizaciones, como Espacio Público, han documentado un preocupante incremento en las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela durante los primeros meses del año, con un total de 93 violaciones registradas en el primer trimestre, incluyendo detenciones, actos de censura y hostigamiento judicial. Este caso pone de manifiesto la crítica situación de la libertad de prensa en Venezuela y la urgente necesidad de proteger a los periodistas que trabajan en un contexto de riesgo y represión. La comunidad internacional debe exigir la liberación inmediata de Ramos y González, así como la garantía de seguridad y libertad para todos los periodistas que ejercen su labor en el país. La impunidad en estos casos perpetúa un ciclo de violencia y censura que impide el libre flujo de información y el ejercicio pleno de la democracia.