El Senado argentino asestó un golpe contundente al gobierno de Javier Milei al rechazar por abrumadora mayoría a sus dos candidatos para la Corte Suprema de Justicia: el juez Ariel Lijo y el abogado Manuel García-Mansilla. Esta decisión, sin precedentes en la historia democrática del país, marca un punto de inflexión en el joven mandato de Milei y genera profundas consecuencias políticas e institucionales. La votación, que se extendió durante meses y estuvo marcada por un intenso debate parlamentario, culminó con 43 votos en contra de Lijo (frente a 27 a favor) y 51 votos en contra de García-Mansilla (frente a 20 a favor). Las objeciones se centraron en dos aspectos principales: la idoneidad de los candidatos y, fundamentalmente, la vía utilizada por Milei para su nombramiento. La falta de idoneidad de los candidatos fue un argumento recurrente. Se cuestionó el desempeño de Lijo, un juez federal con denuncias por mal desempeño y sospechas de corrupción, y la postura ultraconservadora y antiabortista de García-Mansilla. Sin embargo, el punto crucial que selló el destino de ambos candidatos fue la decisión de Milei de nombrarlos mediante un decreto presidencial, sorteando la necesaria aprobación del Senado. Este accionar fue ampliamente criticado por la oposición, que lo denunció como un avasallamiento de las atribuciones del Poder Legislativo y una amenaza a la independencia judicial. Senadores de diferentes bloques coincidieron en señalar la inconstitucionalidad del decreto, argumentando que la designación de jueces requiere el acuerdo del Senado para garantizar la independencia del Poder Judicial del Ejecutivo. La ausencia de mujeres en la terna propuesta por Milei también generó rechazo entre los legisladores. El gobierno respondió al rechazo con un comunicado repudiando la votación y acusando a los senadores de actuar por motivos puramente políticos. Milei, por su parte, recurrió a las redes sociales para acusar a la oposición de un pacto en su contra, insinuando un acuerdo entre el peronismo y sectores de la oposición para perjudicar su gestión. Sus declaraciones también apuntaron a la ex presidenta Cristina Kirchner, insinuando una inexistente alianza entre ambos para lograr la impunidad. Las consecuencias del rechazo son múltiples. En el plano político, la derrota deja al gobierno de Milei con un menor respaldo parlamentario, especialmente teniendo en cuenta la tensa relación con el PRO y Mauricio Macri. En lo institucional, se abre un debate sobre la situación de García-Mansilla, quien asumió su cargo por decreto. El gobierno sostiene que su nombramiento es válido hasta noviembre, mientras que la oposición exige su inmediata renuncia. Un juez ya dictó una medida cautelar para prohibirle intervenir en las causas de la Corte. Este episodio deja a la luz las profundas divisiones políticas en Argentina y plantea serias dudas sobre el futuro de la Corte Suprema y el rumbo del gobierno de Milei en un año electoral clave.