Escándalo en el esquema de seguridad de Salvatore Mancuso: Modificaciones ilegales y uso indebido de armas
El esquema de seguridad del exjefe paramilitar y actual gestor de paz, Salvatore Mancuso, se encuentra en medio de una fuerte controversia tras la revelación de una serie de denuncias por graves irregularidades. Información publicada por El Tiempo detalla acusaciones sobre modificaciones no autorizadas a los vehículos asignados y el presunto uso indebido de armamento perteneciente a los escoltas.
Las acusaciones, que han generado un intenso debate público, incluyen la alteración de vehículos alquilados por el Gobierno. Según las denuncias, estos vehículos fueron modificados con sistemas de amortiguación para terrenos complejos y antenas satelitales para garantizar la conexión a internet. Estas modificaciones, realizadas sin la debida autorización, representan un uso indebido de los recursos públicos destinados a la seguridad de Mancuso, ya que los vehículos pertenecen a empresas privadas contratadas por el Estado.
Otra acusación aún más grave involucra el presunto uso de armas asignadas a los escoltas por parte de Mancuso en un polígono de tiro. Testimonios recogidos por El Tiempo indican que el incidente ocurrió en la escuela Swat de Bojacá, Cundinamarca, un centro de entrenamiento reconocido por su relación con grupos armados y mercenarios. Durante la visita, el coordinador del esquema de seguridad, Javier Galeano, habría ordenado a los escoltas entregar sus teléfonos móviles, dejándolos incomunicados, para que Mancuso pudiera utilizar las armas oficiales.
Esta acción ha generado una profunda preocupación, ya que constituye una posible violación de las normativas sobre el manejo de armamento oficial. El coordinador Galeano, quien aparentemente renunció a su cargo tras varios desacuerdos con los escoltas, se encuentra involucrado en las investigaciones que ya han sido iniciadas.
La responsabilidad sobre el esquema de seguridad de Mancuso ha generado una disputa entre la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La UNP, a través de la Unión Temporal 23-26 (consorcio integrado por Oncor y Superior), afirma gestionar la seguridad de Mancuso, mientras que la JEP declara que su protección fue temporal y solo durante su comparecencia ante la justicia transicional. Esta contradicción ha intensificado las dudas sobre la supervisión y regulación del esquema.
El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, del Centro Democrático, ha denunciado públicamente un supuesto abuso de recursos, resaltando la falta de claridad sobre la entidad responsable de la protección de Mancuso. La falta de transparencia en la gestión del esquema ha alimentado las sospechas sobre posibles irregularidades y la necesidad de una investigación exhaustiva.
Las autoridades ya han iniciado investigaciones para determinar si las modificaciones a los vehículos y el uso del armamento en el polígono de tiro constituyen violaciones a las normativas vigentes. El caso reaviva el debate sobre la eficacia y transparencia de las entidades encargadas de proteger a personas involucradas en procesos de justicia transicional, especialmente considerando el controversial pasado de Mancuso como líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La situación es compleja y delicada, ya que involucra la seguridad de un personaje clave en el proceso de paz colombiano y la correcta administración de fondos públicos. El desenlace de las investigaciones tendrá un impacto significativo en la confianza pública en las instituciones y en el proceso de reconciliación nacional.
