El caso del cantante de cumbia David Martínez, conocido como "El Dipy", ha generado un intenso debate público. El 30 de octubre de 2024, la jueza Vanesa Peluffo lo procesó sin prisión preventiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal, una decisión que la defensa apeló. La acusación proviene de una joven que afirma haber sido abusada en tres oportunidades por el músico, quien supuestamente le ofreció un trabajo en el gobierno nacional como incentivo. La denunciante conoció a El Dipy a través de Instagram y luego en un bar. Si bien inicialmente mantuvo relaciones sexuales consensuadas con el cantante, según la denuncia judicial, los posteriores encuentros fueron de índole no consentida, aprovechando la promesa de un puesto de trabajo en el gobierno. Los presuntos abusos habrían ocurrido en la casa de El Dipy en Villa del Parque. El Dipy, quien fue candidato a intendente en La Matanza por La Libertad Avanza, se defendió públicamente en el programa "El Diario de Mariana", expresando su dolor por la situación y negando las acusaciones. Aseguró que en sus casi 26 años de carrera nunca había enfrentado una denuncia similar y atribuyó la denuncia a la no obtención del trabajo prometido. Resaltó su decisión de hablar públicamente a diferencia de otros que se esconden ante situaciones similares. También mencionó el allanamiento en su domicilio, donde se buscó evidencia de armas y drogas. Este caso adquiere una dimensión adicional por la cercana relación de El Dipy con el gobierno de Javier Milei. A mediados de 2024, estuvo a punto de ocupar un cargo como asesor para artistas emergentes en barrios populares. Sin embargo, su designación fue cancelada debido a la falta de los requisitos mínimos para el puesto de director y a preocupaciones expresadas por el vocero presidencial Manuel Adorni sobre posibles acusaciones en su contra, aunque en ese momento su ficha de antecedentes estaba limpia. La fallida contratación generó gran polémica y cuestionamientos sobre la selección de funcionarios. La investigación judicial continúa su curso mientras se espera la resolución de la Cámara del Crimen. El caso pone en relieve la compleja intersección entre la vida pública, la política y las acusaciones de abuso sexual, generando un debate sobre la presunción de inocencia, el debido proceso y las responsabilidades de los funcionarios públicos en la selección de su equipo de trabajo. El debate también se centra en la credibilidad de las acusaciones de abuso sexual y la importancia de la investigación exhaustiva y justa de estos casos.