La Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell ha generado una gran controversia, especialmente en relación a sus posibles consecuencias para el empleo. Los sindicatos UGT y CCOO se han unido a la creciente lista de entidades que expresan su preocupación, solicitando su personación en el proceso ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Su principal argumento se basa en la previsión de una significativa pérdida de puestos de trabajo y el cierre de numerosas oficinas bancarias si la fusión se lleva a cabo. Según los estudios realizados por UGT, la operación podría resultar en la supresión de entre 7.685 y 10.567 empleos, además del cierre de entre 589 y 883 oficinas en todo el territorio nacional. Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias y Galicia serían las regiones más afectadas, dadas las fuertes presencia del Banco Sabadell en estas zonas. Esta reducción de la red física se traduciría en una disminución de la accesibilidad a los servicios bancarios para muchos ciudadanos, especialmente en áreas rurales o con menor densidad poblacional. Más allá de la pérdida directa de empleos en el sector bancario, UGT advierte sobre un efecto dominó en la economía española. La fusión podría reducir la disponibilidad de crédito en más de 54.000 millones de euros, lo que representa una disminución del 8% según sus cálculos. Esta reducción del crédito afectaría gravemente a pymes y autónomos, dificultando su financiación y aumentando sus costes empresariales. La consecuente disminución de la actividad empresarial podría provocar, a su vez, una destrucción de empleo en múltiples sectores, no solo en el financiero. La preocupación de los sindicatos se extiende también a la concentración bancaria. La fusión entre BBVA y Sabadell incrementaría significativamente la concentración del sector en España, situándola por encima de la media europea. CaixaBank y la nueva entidad resultante controlarían el 73,7% de las oficinas bancarias, lo que reduciría la competencia y podría repercutir negativamente en los consumidores, con posibles aumentos de precios y disminución de la calidad de los servicios financieros. CCOO, por su parte, comparte las preocupaciones de UGT y ha manifestado su intención de personarse en el procedimiento ante la CNMC. Ambas organizaciones representan a numerosos trabajadores de ambas entidades, lo que les otorga un interés directo en la resolución de este asunto. La decisión de la CNMC de pasar la operación a la Fase II, una medida inusual en fusiones bancarias, indica la complejidad del caso y la necesidad de un análisis exhaustivo de sus posibles consecuencias económicas y sociales. En resumen, la oposición de UGT y CCOO a la OPA del BBVA sobre Sabadell pone de manifiesto las importantes implicaciones para el empleo y la economía española. La decisión final de la CNMC será crucial, no solo para el futuro de ambas entidades, sino también para el tejido económico y social del país.